UGT y CC.OO. piden a Junqueras en prisión que pacte la investidura con el PSOE

Recientemente hemos leído en la prensa que los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CC.OO., Unai Sordo, han visitado en la cárcel al líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado a 13 años por sedición, animándole a formar un Gobierno con el PSOE para avanzar en políticas sociales. 

 

El catalán Pepe Álvarez tiene una larga relación con Junqueras. De hecho le ha visitado en la cárcel ya media docena de veces.

 

Ahora nos enteramos de que un personaje golpista y supremacista, condenado por sedición, es el referente de dos sindicatos que se supone representan a la mayoría de los trabajadores afiliados. Estas visitas se habrán hecho con el beneplácito de sus afiliados o, al menos, de las ejecutivas regionales respectivas. Porque, lo más lógico, hubiera sido reunirse con Pedro Sánchez para pedirle que negocie para alcanzar acuerdos con partidos constitucionalistas con el fin de lograr su investidura e impulsar reformas a favor de los trabajadores, respetando la Constitución.

 

Esto no queda garantizado con un partido que ya ha demostrado no respetar la Constitución española y cuyo líder secesionista está en prisión por haber dado un golpe de Estado, proclamando unilateralmente la independencia de una región de España como es Cataluña.

 

No es la primera vez que estos sindicatos se posicionan claramente a favor de los golpistas, lo cual ya propició en 2017 y 2018 bajas masivas de afiliados, indignados por el posicionamiento político del sindicato al que pertenecían.

 

No hay que olvidar que CC.OO. y UGT de Cataluña, Òmnium Cultural y la ANC, convocaron una manifestación el 15 de abril de 2018 en defensa de los golpistas encarcelados, que no sentó nada bien a las bases de ambos sindicatos.

Firmado el preacuerdo con Alcoa por el cual se garantiza el empleo hasta el 30 de junio

Tras 19 horas de negociación continua entre Alcoa y los sindicatos de la mesa negociadora del ERE de extinción de las plantas de Avilés y A Coruña en uno de los edificios ministeriales de Trabajo, “se firmó un preacuerdo que, en primer lugar, tiene que ser ratificado por nuestras asambleas, pero que supone, sujeto a condicionantes, el mantenimiento de todo el empleo, al menos hasta el 30 de junio de 2019. Hemos ganado tiempo”, resume Alberto Grijalbo, secretario del comité de empresa de Alcoa-Avilés y secretario general de USO-Alcoa.

 

Tras la reunión con los ministerios implicados esta mañana, Industria y Empleo, se han comprometido a explorar al máximo las posibilidades, junto con las administraciones autonómicas, a hacer todo lo que esté en su mano para garantizar la totalidad de los empleos.

 

Alcoa, por su parte, “se ha comprometido a dotar de 20 millones de euros a cada planta para mejorar las instalaciones de las series de electrolisis y facilitar el posible rearranque de las mismas por parte de un inversor”, continúa el secretario general de USO-Alcoa.

 

Desde las Federaciones de Industria firmantes, “le hemos pedido al Gobierno que exija a Alcoa todas las garantías para que realice esas inversiones y pueda haber un comprador. Además, se constituye una comisión técnica que se encargará de velar por el cumplimiento de lo pactado, en la que estaremos presentes las Federaciones de la comisión negociadora”, concluye Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de FI-USO.

 

Durante la reunión, los miembros de ambos comités estuvieron apoyados afuera por autobuses de trabajadores y familiares llegados desde Avilés y A Coruña.

Joaquín Pérez: “los PGE de 2019 no dan solución a las reformas más urgentes para nuestro país”

La Ley de Presupuestos Generales del Estado que se tramita en el Congreso “carece de una visión de futuro, son un documento cortoplacista con un carácter más electoral, de contentar a todo el mundo, que de ir al fondo de los problemas de nuestro país”, critica Joaquín Pérez, secretario general de USO.

“Nos alegramos de la introducción o mejora de dotación de múltiples partidas sociales, relacionadas con la educación, la sanidad y la dependencia; así como el SMI: a pesar de que no llega al salario mínimo necesario y que tendrá una aplicación limitada, es un gesto que aliviará en parte los salarios de miseria de los millones de trabajadores pobres del país”, continúa Pérez. “Sin embargo, no ahonda en las reformas estructurales urgentes para reparar el daño de la crisis y las reformas laborales: no hay un plan para el empleo de calidad ni por el futuro de la industria; tampoco un plan de formación para el empleo y la recualificación con garantías; no se trabaja en una reforma fiscal ni se garantiza el futuro de las pensiones a medio y largo plazo, únicamente se pone un parche para la subida de este año”, analiza el secretario general de USO.

Otro de los mayores errores en los que caen los PGE es el de los ingresos: “de nuevo, se opta por endeudarnos más, con una nueva y crónica petición de crédito al Tesoro Público, y no por acometer los cambios necesarios en materia fiscal que garantizarían la financiación de las cuentas y la redistribución de la riqueza. Estos Presupuestos son otra oportunidad perdida en la lucha contra la creciente desigualdad que sufren las familias y los parados de larga duración”, concluye Joaquín Pérez.