Para que esta reforma sea razonable hay que revisar el cálculo de las distintas pensiones de jubilación. Para el mismo número de años trabajados e ingresos similares, las pensiones obtenidas son diferentes según sea un autónomo, un funcionario o un trabajador del Régimen General de la S.S.
Diputados y Senadores permanecen al margen de esta reforma, ya que se benefician de un sistema privilegiado. Con 7 años en el cargo se les completa su pensión ¡con dinero público!, y si han estado más de 11 años tienen derecho al 100% de la pensión máxima. Para tener derecho a la misma pensión un trabajador tiene que cotizar el triple de años y al menos los últimos quince por la base máxima. Además, si un parlamentario deja el cargo a partir de los 55 años y no vuelve a cotizar, sigue de alta en la Seguridad Social hasta la edad de jubilación.
¡Y éstos son precisamente los encargados de llevar a cabo la reforma para el resto de trabajadores!
Las Comunidades Autónomas gozan de legislación propia para fijar las desorbitadas pensiones de sus altos cargos.
Esto no se puede permitir. Estos representantes elegidos por el pueblo tienen que predicar con el ejemplo y ser los primeros en limitar sus pensiones equiparándolas con el resto de españoles. Hay que reclamar un sistema más justo para todos los trabajadores.
