El 31 de marzo CEOE, CEPME, CCOO y UGT consensuaban un documento para negociar el V Acuerdo de Formación para el empleo, que han entregado al gobierno.
En resumen, destacamos los puntos más alarmantes:
1. Plantean un modelo similar al actual, ineficaz, en el que el centro de la formación no es el conjunto de trabajadores y desempleados, si no las instituciones que manejan los fondos y los suculentos márgenes de beneficio por “su gestión”. No se prioriza el objetivo de creación de empleo si no la propia subsistencia del sistema.
2. Proponen un modelo en el que insisten en ser legisladores, programadores, adjudicatarios, beneficiarios, impartidores y evaluadores. Jueces y parte.
3. Privatizan aún más el subsistema de formación e insisten en el modelo ineficaz de gestión e impartición por ellos mismos y por empresas o entidades privadas de su propiedad o subcontratadas.
4. Vuelven a encuadrarlo en términos de “representatividad” para asegurarse que no entren otras organizaciones al “reparto de la tarta”, desoyendo el gran volumen de sentencias al respecto.
5. Proponen “un mecanismo distinto al subvencional” y un “fondo global” que gestionarían en exclusividad las patronales y las organizaciones sindicales, es decir, proponen adueñarse de fondos públicos y decidir su destino final. Y lo más alarmante: solicitan explícitamente una recaudación directa por las propias entidades bipartitas tras la firma de Convenio con la TGSS, de los fondos públicos. Quieren los fondos en sus cuentas corrientes antes de asignárselos a ellos mismos, seguramente para no estar a expensas de la negociación política de turno y todo lo que eso conlleva año a año.
6. No proponen ningún organismo externo e imparcial de control, ni medidas contra el fraude o la mala gestión de los fondos, así como sanciones a las organizaciones que hagan un mal uso o cometan irregularidades con esos fondos. Es más, solicitan explícitamente flexibilizar el sistema, simplificar la burocracia y desregularizar el sistema. Cuantos menos impedimentos legales y requisitos de control, mejor.
7. No hay consideración alguna que garantice la calidad de la formación impartida. Solicitan que las propias organizaciones patronales o sindicales sean quienes impartan, con sus docentes y materiales. Se autodefinen como empresas o centros de Formación, como si de su actividad económica habitual se tratara.
8. Proponen un sistema muy parecido al anterior en cuanto a órganos de dirección, es decir, una administración paralela con cargos a dedo de las organizaciones patronales y sindicales, cuando toda esa labor la podrían realizar perfectamente las distintas administraciones públicas. El caso es controlar todo el sistema con estructuras creadas y dirigidas por ellos mismos que controla el propio sistema del que se benefician.
La USO no puede más que rechazar con toda rotundidad esta propuesta para la que se han puesto de acuerdo patronales, CCOO y UGT, y que a nuestro juicio desprende un sospechoso tufo. Hemos hecho llegar al Ministerio de Trabajo nuestras propuestas en materia de formación para el empleo, muy alejadas de este lamentable espectáculo de supervivencia al que asistimos con perplejidad y vergüenza ajena.
Exigimos un nuevo planteamiento riguroso de todo el sistema de formación para el empleo y de su programación, que sea estable en el tiempo y que se fundamente en términos de eficiencia, que priorice acciones formativas efectivas a los sectores más castigados de la población, como jóvenes y desempleados de larga duración, mayores de 55 años y trabajadores y trabajadoras de baja cualificación procedentes de sectores sin esperanza de obtención de empleo alguno, huyendo de prácticas que privaticen aún más, si cabe, el sistema o de vaivenes de tintes políticos dependiendo del color del partido político de turno.
Para la USO un nuevo sistema de formación para el empleo debe contener acciones en competencias profesionales en consonancia con las nuevas demandas del mercado de trabajo teniendo como prioridad a los sectores más desfavorecidos. Debe igualmente desarrollar en permanente actualización el Catálogo Nacional de las Cualificaciones, contemplando el reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la carrera y experiencia profesional de los trabajadores y trabajadoras, e impulsar la utilización de los Permisos Individuales de Formación. Asimismo, reclamamos que se pongan en marcha mecanismos más estrictos de control de las entidades beneficiarias para que no puedan existir malas prácticas como las acontecidas en los últimos años por parte de algunas empresas y organizaciones.
Para ello se deberían eliminar servicios descoordinados e ineficaces, abandonados y concedidos a organizaciones ajenas a la Administración, como los de Orientación Profesional, pasando ésta en exclusiva a los Servicios Públicos de Empleo, en coordinación con otras Administraciones, como mejor garantía de acceso a los diferentes recursos formativos, de acreditación y servicios de oferta de itinerarios personalizados de formación para la inserción laboral.
La USO propone un modelo de gestión y ejecución directa de la formación para el empleo por parte de la Administración Pública -a excepción de la formación destinada a representantes de los trabajadores para el correcto cometido de sus funciones en materias específicas, que debería estar en manos de las organizaciones por las que se presentaron y que tienen el deber de formarles-, contando y aprovechando con la red de centros públicos, centros educativos, centros de formación profesional, creando plataformas y portales digitales gestionados por la propia Administración, con empleados públicos cualificados para su funcionamiento y para la impartición, sin intervención de entidades privadas ni subcontrataciones siempre que sea posible, participando el conjunto de los agentes sociales en la programación, seguimiento y evaluación de todo el proceso, pero no como ejecutores directos y sin que los fondos pasen necesariamente por las cuentas corrientes de las organizaciones.
Unión Sindical Obrera apuesta por un nuevo modelo de Formación para el Empleo ante el fracaso del actual Sistema, que se hace patente en el bajo nivel de eficiencia del mismo a pesar de los recursos destinados. Las convocatorias de ámbito estatal y autonómico, hasta hace muy poco, no incluían en sus fundamentos priorizar la formación en parámetros de calidad y eficacia, observándose en muchos casos planes y cursos de formación financiados con fondos públicos de muy escasa utilidad y en algunos casos de vergonzosa justificación.
Los motivos de las malas políticas que desde la USO identificamos en esta materia llevadas hasta el momento por los anteriores gobiernos, se basan en un erróneo planteamiento del sistema, de los organismos que la dirigen y de la intervención de intereses no siempre nobles de índole política, empresarial o sindical. Desde la USO entendemos la Formación para el Empleo como un derecho de los trabajadores y no de las Administraciones, organizaciones sindicales ni patronales.
La Fundación Tripartita, entidad privada que como su nombre indica tiene carácter tripartito, y cuyo Patronato está constituido por la Administración Pública -con representación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las Comunidades Autónomas- y por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, debe reconsiderarse en su totalidad. No la consideramos eficiente ni necesaria.
Por el bien del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, por su desarrollo profesional y el acceso al empleo, su óptima vinculación con las necesidades del tejido productivo, por el desarrollo social y económico y la competitividad de las empresas, la actual coyuntura exige una celeridad de medidas en materia de formación para el empleo así como un especial esfuerzo de consenso, y que las organizaciones patronales y sindicales no la perviertan en beneficio propio, a la vez que el gobierno central y los autonómicos no la usen como moneda de negociación interesada.
La USO considera necesaria una nueva regulación de todo el sistema de formación para el empleo con carácter urgente. Las distintas Administraciones y organizaciones sociales deben de ser partícipes en la defensa del el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la cualificación y recualificación profesional con garantías, con un modelo que satisfaga de manera eficiente esas necesidades.
La USO se compromete a que si el gobierno atendiera la solicitud de CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, tomará todas las iniciativas posibles para su denuncia, defendiendo los intereses de los trabajadores, trabajadoras y desempleados ante lo que consideramos una colosal barbaridad.
Por último la USO ha solicitado con carácter de urgencia sendas entrevistas para abordar este delicado asunto a la Secretaria de Estado de empleo, Engracia Hidalgo y a la Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal, Reyes Zatarain del Valle, máximos responsables públicos de estas políticas.
