OTRO SINDICALISMO ES POSIBLE

Contigo otro sindicalismo es posible

11 de diciembre de 2019

UGT y CC.OO. piden a Junqueras en prisión que pacte la investidura con el PSOE

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Recientemente hemos leído en la prensa que los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CC.OO., Unai Sordo, han visitado en la cárcel al líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado a 13 años por sedición, animándole a formar un Gobierno con el PSOE para avanzar en políticas sociales. 
 
El catalán Pepe Álvarez tiene una larga relación con Junqueras. De hecho le ha visitado en la cárcel ya media docena de veces.
 
Ahora nos enteramos de que un personaje golpista y supremacista, condenado por sedición, es el referente de dos sindicatos que se supone representan a la mayoría de los trabajadores afiliados. Estas visitas se habrán hecho con el beneplácito de sus afiliados o, al menos, de las ejecutivas regionales respectivas. Porque, lo más lógico, hubiera sido reunirse con Pedro Sánchez para pedirle que negocie para alcanzar acuerdos con partidos constitucionalistas con el fin de lograr su investidura e impulsar reformas a favor de los trabajadores, respetando la Constitución.
 
Esto no queda garantizado con un partido que ya ha demostrado no respetar la Constitución española y cuyo líder secesionista está en prisión por haber dado un golpe de Estado, proclamando unilateralmente la independencia de una región de España como es Cataluña.
 
No es la primera vez que estos sindicatos se posicionan claramente a favor de los golpistas, lo cual ya propició en 2017 y 2018 bajas masivas de afiliados, indignados por el posicionamiento político del sindicato al que pertenecían.
 
No hay que olvidar que CC.OO. y UGT de Cataluña, Òmnium Cultural y la ANC, convocaron una manifestación el 15 de abril de 2018 en defensa de los golpistas encarcelados, que no sentó nada bien a las bases de ambos sindicatos.

16 de enero de 2019

Firmado el preacuerdo con Alcoa por el cual se garantiza el empleo hasta el 30 de junio

Tras 19 horas de negociación continua entre Alcoa y los sindicatos de la mesa negociadora del ERE de extinción de las plantas de Avilés y A Coruña en uno de los edificios ministeriales de Trabajo, “se firmó un preacuerdo que, en primer lugar, tiene que ser ratificado por nuestras asambleas, pero que supone, sujeto a condicionantes, el mantenimiento de todo el empleo, al menos hasta el 30 de junio de 2019. Hemos ganado tiempo”, resume Alberto Grijalbo, secretario del comité de empresa de Alcoa-Avilés y secretario general de USO-Alcoa.
 
Tras la reunión con los ministerios implicados esta mañana, Industria y Empleo, se han comprometido a explorar al máximo las posibilidades, junto con las administraciones autonómicas, a hacer todo lo que esté en su mano para garantizar la totalidad de los empleos.
 
Alcoa, por su parte, “se ha comprometido a dotar de 20 millones de euros a cada planta para mejorar las instalaciones de las series de electrolisis y facilitar el posible rearranque de las mismas por parte de un inversor”, continúa el secretario general de USO-Alcoa.
 
Desde las Federaciones de Industria firmantes, “le hemos pedido al Gobierno que exija a Alcoa todas las garantías para que realice esas inversiones y pueda haber un comprador. Además, se constituye una comisión técnica que se encargará de velar por el cumplimiento de lo pactado, en la que estaremos presentes las Federaciones de la comisión negociadora”, concluye Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de FI-USO.
 
Durante la reunión, los miembros de ambos comités estuvieron apoyados afuera por autobuses de trabajadores y familiares llegados desde Avilés y A Coruña.

Joaquín Pérez: “los PGE de 2019 no dan solución a las reformas más urgentes para nuestro país”



La Ley de Presupuestos Generales del Estado que se tramita en el Congreso “carece de una visión de futuro, son un documento cortoplacista con un carácter más electoral, de contentar a todo el mundo, que de ir al fondo de los problemas de nuestro país”, critica Joaquín Pérez, secretario general de USO.
“Nos alegramos de la introducción o mejora de dotación de múltiples partidas sociales, relacionadas con la educación, la sanidad y la dependencia; así como el SMI: a pesar de que no llega al salario mínimo necesario y que tendrá una aplicación limitada, es un gesto que aliviará en parte los salarios de miseria de los millones de trabajadores pobres del país”, continúa Pérez. “Sin embargo, no ahonda en las reformas estructurales urgentes para reparar el daño de la crisis y las reformas laborales: no hay un plan para el empleo de calidad ni por el futuro de la industria; tampoco un plan de formación para el empleo y la recualificación con garantías; no se trabaja en una reforma fiscal ni se garantiza el futuro de las pensiones a medio y largo plazo, únicamente se pone un parche para la subida de este año”, analiza el secretario general de USO.
Otro de los mayores errores en los que caen los PGE es el de los ingresos: “de nuevo, se opta por endeudarnos más, con una nueva y crónica petición de crédito al Tesoro Público, y no por acometer los cambios necesarios en materia fiscal que garantizarían la financiación de las cuentas y la redistribución de la riqueza. Estos Presupuestos son otra oportunidad perdida en la lucha contra la creciente desigualdad que sufren las familias y los parados de larga duración”, concluye Joaquín Pérez.

15 de noviembre de 2018

Sin Pacto de Estado, no habrá Ley Educativa de todos/as y estable

La Federación de Enseñanza de USO, que el pasado 7 de noviembre recibió oficialmente del Ministerio de Educación el documento “Propuestas para la modificación de la Ley Orgánica de Educación”, en el que describe con detalle los cambios y modificaciones que el Gobierno quiere hacer a la actual LOMCE, considera poco respetuoso con la ciudadanía que el Ministerio haya puesto en marcha esta segunda fase del debate social de sus propuestas cuando todavía estaba abierto el plazo de información pública, y que concluía el 10 de noviembre. Además, FEUSO tiene conocimiento de que muchos afiliados han intentado participar en este proceso de información pública y no han podido hacerlo porque el servidor de correo del Ministerio les ha rechazado su mensaje diciendo que estaba lleno.
 
Según la Secretaría de Estado de Educación, quieren iniciar la tramitación de esta reforma legal sin demasiada dilación; nosotros intuimos que, quizá, también sin demasiada negociación porque tienen claros sus objetivos finales. Para FEUSO, más prioritario que modificar la LOMCE hubiera sido retomar un compromiso serio del Gobierno con la negociación del Pacto de Estado por la Educación y romper de una vez por todas con los vaivenes legislativos que afectan a nuestras leyes educativas impidiendo la existencia de una norma de carácter básico, estable y moderna con la que afrontar los retos de la educación de nuestro país en el siglo XXI.
 
En el año 2013, FEUSO dijo no a la reforma del ministro Wert, pues era inoportuna en aquel momento, se presentaba como una reforma de partido y desgraciadamente con una tramitación chapucera y poco rigurosa. En 2018, volvemos a decir no a la ministra Celaá y a su nueva reforma educativa porque es otra reforma de partido, que nos alejará aún más si cabe de la posibilidad de retomar las negociaciones del Pacto.
 
En el documento que FEUSO presentará al Ministerio, pedimos que se mantenga la redacción actual del artículo 106 para que la demanda social siga siendo factor vinculante en la planificación escolar de la oferta de plazas de los centros sostenidos con fondos públicos. Como reconoce nuestra Constitución y la jurisprudencia, los dos modelos educativos (pública y concertada) prestan el mismo servicio educativo público, están al mismo nivel, son complementarios y no son subsidiarios el uno del otro.
 
Para FEUSO, dadas las circunstancias, es urgente que se actualice la redacción del artículo 117 de la LOMCE para que los módulos de concierto recojan todos los derechos salariales de los trabajadores de la enseñanza concertada obtenidos mediante la negociación colectiva. En este sentido, incrementando las cantidades presupuestarias, debe alcanzarse una dotación de plantillas equivalente en todos los centros sostenidos con fondos públicos, la homologación salarial y también la laboral en aplicación a la Concertada de las medidas que se aprobarán para revertir las consecuencias del RD 14/2012. En relación con el número de horas lectivas, la Enseñanza Concertada debe equipararse a los docentes de la Escuela Pública para compartir los mismos estándares de calidad en la enseñanza, por lo que reivindicamos 18 periodos lectivos en la Educación Secundaria y 23 periodos lectivos en la Educación Primaria, la Educación Infantil y en el sector de Educación Especial.
 
En cuanto a la asignatura de Religión, desde FEUSO pedimos que se respeten los derechos de las familias y de los trabajadores. En este punto, las propuestas que avanza el Ministerio en su documento van en contra de la sentencia recientemente aprobada por el Tribunal Constitucional, de 10 de abril de 2018, que validaba la existencia de una asignatura alternativa a la de Religión. En FEUSO defendemos que exista una asignatura alternativa con el fin de potenciar la educación en valores éticos, cívicos y ciudadanos, hoy más necesaria que nunca, y para que la asignatura de Religión no se vea desprestigiada y minusvalorada. Para reforzar su prestigio académico, la asignatura de Religión debe considerarse una asignatura más dentro del currículo, por lo que debe ser evaluable, como así se recoge en los acuerdos Iglesia-Estado, que se incumplirían con la nueva propuesta del Ministerio. Para FEUSO, no pueden existir asignaturas de primera o segunda división en ningún centro educativo.
 
También pensamos que no deben tomarse medidas que pongan en peligro el futuro laboral del profesorado de Religión que, en la actualidad, con su trabajo y su dedicación, están haciendo posible que las familias que libre y voluntariamente eligen esta asignatura, puedan recibir la educación que han elegido para sus hijos.
 
Una última cuestión: en sus propuestas, el Ministerio de Educación debe atenerse a la jurisprudencia de los últimos años y en particular a la sentencia del Tribunal Constitucional (de 10 de abril de 2018) que reconoce la legalidad de la Enseñanza Diferenciada, una opción pedagógica libre en nuestro país. Como afirma esta importante sentencia, los centros de Enseñanza Diferenciada no segregan y ofrecen a todos los alumnos y alumnas las mismas oportunidades. La Enseñanza Diferenciada es un reflejo de la pluralidad social. Por lo tanto, la prioridad de la coeducación en la legislación vigente no debe ser un obstáculo para financiar el concierto educativo en los centros de Enseñanza Diferenciada.

16 de octubre de 2018

Da el paso con la USO




USO se prepara para el tradicional proceso de concentración de elecciones sindicales, que, aunque cada vez están más repartidas en el tiempo, renuevan nuestra ilusión y nuestra imagen para acudir a ellas. No cambian nuestros mensajes, pues USO sigue presentándose a los procesos electorales con nuestras señas de identidad: la autonomía sindical, tanto en financiación como con respecto a posiciones partidistas.
 
Esto nos ha permitido mantenernos siempre simplemente como un sindicato, cuyo único fin son las mejoras sociales y laborales de los trabajadores, algo que hemos visto reconocido en los últimos años, con un crecimiento constante en afiliación y representación. USO ya tiene más de 11.000 delegados en toda España. Y con el esfuerzo de quienes ya formamos de este proyecto y de quienes apuesten por nosotros para defender sus intereses laborales, esperamos ser pronto muchos más. ¿Te animas a dar el paso?
 
“El mundo laboral tiene hoy más retos que nunca. Estamos en un mercado cada vez más precarizado, que no ha trasladado la mejora de la economía a la clase trabajadora, que busca nuevos subterfugios para aislar al empleado de un entorno laboral colectivo, con contratos individuales y centros de trabajo difusos. El papel de los sindicatos es más necesario que nunca, a la vez que más difícil de canalizar”, expone Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.
 
“Son muchos los retos, pero no solo contra las empresas incumplidoras o por el cambio de una Ley Orgánica de Libertad Sindical que fomenta el bisindicalismo, sino contra el propio Diálogo Social tal y como está establecido. En USO consideramos que es excluyente y que no vela por los intereses de los trabajadores. Solo hay que ver el último Acuerdo Estatal por la Negociación Colectiva firmado para este trienio, con declaraciones de intenciones que no se cumplen y que, en el caso de hacerlo, empeoran las condiciones de los trabajadores, como es la subida salarial por debajo del coste de la vida. Con ese objetivo lanzamos este mensaje a todos los trabajadores que quieran mejorar sus condiciones y las de sus compañeros, que se unan a nuestro proyecto como afiliados, como delegados, como dirigentes. Con un lema claro: ‘da el paso'”, anima Sara García.
 
#DaElPaso con la USO

El Supremo establece como doctrina que las prestaciones por maternidad están exentas del IRPF

En una sentencia del 3 de octubre de la Sección Segunda de la Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, que desestima un recurso de la Abogacía del Estado, el Supremo confirma una sentencia del TSJ de Madrid, de junio de 2017, que estimó el recurso de una mujer y ordenó a Hacienda que le devolviera la cantidad ingresada en el IRPF de 2013 por la prestación por maternidad con cargo a la Seguridad Social percibida en dicho ejercicio. Esta sentencia del TSJ de Madrid de 2017, era la segunda de este tribunal que dictaba que, la prestación por maternidad debía de estar exenta del IRPF. Ya en la anterior Sentencia nº 810/2016 de 6 de julio, el mismo tribunal establecía lo siguiente:
 
“Es decir, se añadió en este texto legal un nuevo párrafo, el tercero, que se refiere, en general, al alcance de la exención de las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad, sin distinguir la procedencia de las prestaciones y solo es en el cuarto párrafo donde se aclara que estarán exentas también las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”.
 
USO a partir de la primera sentencia de 2016, inició una campaña realizada por la asesoría jurídica confederal que, en tres fases, explicaba como solicitar la devolución de la prestación por maternidad y que pasos había que seguir en caso de negativa.
 
Desde USO hemos denunciado que, al no considerar exenta la prestación por maternidad se estaba penalizando económicamente un derecho que disfrutan mayoritariamente las mujeres, sin olvidar que también hay padres que comparten dicha prestación y el tiempo del cuidado y que entendemos que también tienen derecho a esta devolución.
 
¿Quiénes pueden solicitar la devolución?
Pueden solicitar dicha devolución quienes hayan cobrado la prestación por maternidad durante 2014 (declarándolo en 2015) en adelante.

El derecho a solicitar esta devolución prescribe a los cuatro años, por lo que quienes la hayan cobrado en 2014, tendrán de plazo hasta 2019 y así sucesivamente.
 
¿Cómo se puede solicitar la devolución?
Desde USO hemos actualizado el formulario de rectificación de autoliquidación y de devolución de la prestación por maternidad que hicimos en nuestra campaña de 2016. Pregunta a tu Sección Sindical, delegados, comité o en tu sede de USO más cercana.

El trámite se puede hacer en las oficinas de la Agencia Tributaria o través del servicio on line de la Renta.
 
Mientras desde Agencia Tributaria no asuman el fallo judicial y de oficio procedan a las devoluciones, el método a seguir debe ser el reclamarlo individualmente, esperando que tras la sentencia del Tribunal Supremo no haya negativa a la devolución por parte de Hacienda. En ese caso ponte en contacto con nosotros para continuar con las siguientes fases del proceso de reclamación.

3 de mayo de 2018

FI-USO se suma en el 1º de Mayo a la exigencia de toda la Confederación de recuperar los salarios y las pensiones

El secretario general de la FI-USO, Pedro Ayllón, junto al secretario general de la USO, Joaquín Pérez, han exigido en León, donde el sindicato ha celebrado la manifestación central de este 1 de Mayo, que los salarios se recuperen de una vez, que se cree empleo estable y de calidad, y que las pensiones se blinden en la Constitución porque “la recuperación económica en nuestro país lo es solo para unos pocos. La factura de esta crisis, la deuda, la hemos pagado y la estamos pagando la ciudadanía trabajadora, dejando a mucha gente sin empleo, desprotegida, con una pronunciada precarización del mercado laboral y un vertiginoso descenso de salarios y pensiones. Porque ya hemos pagado la deuda de la crisis y ha llegado el momento de cobrárnosla”.
 
Ante las más de 2.000 personas que han recorrido las calles de León, Pérez ha defendido que los salarios, las prestaciones y las pensiones no pueden seguir perdiendo poder de compra. “Basta ya de colores, de rentabilismos y politiqueos: no habrá una verdadera recuperación sin trabajo digno y hasta que los salarios y las pensiones no salgan de la crisis”, ha sentenciado.
 
Pérez también ha hecho un llamamiento a que el diálogo social se abra a otras organizaciones sindicales porque “este país necesita un sindicalismo plural, como lo es la sociedad. Ahora más que nunca, cuando estamos asistiendo a transformaciones muy importantes del contexto político, económico, social, y laboral, es urgente superar el bisindicalismo”. En este sentido, ha reclamado la modificación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y la legislación de elecciones sindicales “porque no tiene ninguna justificación que siga habiendo privilegios y reglas del juego diferentes. Ya es hora de democratizar el panorama sindical”. 
 
Durante el mitin que ha cerrado este día reivindicativo, el secretario general de USO, Joaquín Pérez, ha hecho un reconocimiento al trabajo y compromiso de los castellano-leoneses “por todo lo que aquí se ha hecho por dignificar el trabajo y por lo que aquí se ha luchado para conquistar las grandes mejoras sociales y laborales”, así como a los 200 mineros de la Asturleonesa, que llevan cinco meses sin cobrar sus nóminas y aguardando la inminente liquidación de su empresa.